Disfraz de oveja

Ésta fue la respuesta y justificación del presidente López Obrador, al humillante incidente ocurrido en Nueva Italia, Michoacán, en el que un grupo de civiles armados persiguió y obligó a huir a elementos del Ejército mexicano: "Se cuida a los uniformados, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas porque son seres humanos".

Tengo muchas preguntas al respecto:

Si el Presidente, quien además resulta ser el comandante supremo del Ejército, ha renunciado al uso de la fuerza pública para aplicar la ley, ¿para qué carajos son entonces las armas que los militares, los marinos y la Guardia Nacional portan? ¿Son nada más parte decorativa del uniforme camuflajeado? Las ametralladoras montadas en vehículos artillados que vemos "patrullando" calles, ¿son para usarse o son solamente una faramalla disuasiva para dar una falsa sensación de seguridad? ¿Por qué existe el término "armas de uso exclusivo del Ejército"? ¿Para qué quieren el Ejército o la Guardia Nacional (perdón por el pleonasmo) armamento, equipos de comunicación, aviones, helicópteros, etcétera, si "a la hora de la hora" la orden es no hacer nada? ¿No creen que los delincuentes y grupos criminales ya le "tomaron la medida" al gobierno y a las Fuerzas Armadas, o será que el gobierno federal es su cómplice y la mejor manera de encubrir inconfesables acuerdos es portar la careta de humanista, de pacifista? ¿Es el Presidente un lobo disfrazado de oveja?

Así lo dijo con toda razón y fundamentos un uniformado en un video que circula en las redes sociales: "Un jefe de Estado que declara cuidar a los miembros de las bandas criminales puede incurrir en el delito de encubrimiento".

El Código de Justicia Militar, Artículo 118 dice: "son encubridores de tercera clase: los que teniendo por su empleo o comisión el deber de impedir o castigar un delito, favorecen a los delincuentes sin previo acuerdo con ellos...".

Las mujeres y periodistas asesinados, los niños y jóvenes objetos de trata, los migrantes objeto de tráfico de personas, los asesinados y desaparecidos, son también seres humanos víctimas de los criminales que el gobierno cuida.

Mi conclusión a todo lo anterior, asumiendo que no hay complicidad del gobierno con los grupos delictivos es una sola: no puede ser Presidente de un país, y mucho menos comandante de un Ejército alguien que no está dispuesto a utilizar la fuerza pública para aplicar la ley, para cuidar y defender a sus ciudadanos.

Un pacifista, como se autonombra el Presidente, es alguien que cree que todos los conflictos pueden y deben resolverse sin violencia. Pero hay una diferencia enorme entre la violencia ejercida por un defensor y la ejercida por un agresor, como la hay entre la defensa propia y el asesinato, o entre el uso de la fuerza pública por parte del Estado para aplicar la ley -bajo protocolos establecidos y respeto a los derechos humanos- y el uso de la fuerza sin límite y sin escrúpulo alguno por parte de delincuentes y criminales para conseguir sus fines.

Un gobierno que aplica la ley no es represor. No hay, como muchos creen, un conflicto entre el respeto a los derechos humanos y la persecución de delitos. Los derechos humanos sirven no para premiar delincuentes como muchos equivocadamente afirman, sino para impedir abusos del Estado, y sobre todo para impedir que se encarcelen inocentes.

En el caso de un gobierno, privilegiar la paz y el diálogo sobre la violencia o la guerra, no incluye renunciar a la aplicación de las leyes y dejar a los ciudadanos a su suerte.

Al Presidente hay que reclamarle y enjuiciarlo por no respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan; por haber renunciado a ejercer las facultades que se le confirieron para el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la ley y garantizar la paz, tranquilidad y dignidad de los ciudadanos que somos todos los días víctimas de actividades delictivas o del crimen organizado; y por justificar su inacción, cobardía, o complicidad, con perversos cálculos de rentabilidad política y con sofismas y retorcidas interpretaciones humanistas y morales de la violencia, transfiriendo así el "monopolio de la fuerza" exclusivo del Estado, a los delincuentes.

"Un pacifista no agrede,
un cobarde no defiende".

Yo