Voy derecho y no me quito

¿Qué se hace cuando la persona que contratamos para dirigir una empresa o que elegimos en las urnas para gobernar un país resulta inepta?

En una empresa privada, la respuesta es obvia: el patrón lo corre. Y hasta tiene que indemnizarlo, porque es muy difícil convertir la ineptitud en una causa justificada de despido y sobre todo porque la ineptitud no siempre aflora inmediatamente. En otras palabras, si el empleado contratado o el gobernante electo resultó ser un idiota, lo que las leyes laborales y electorales nos dicen en la práctica es que los idiotas fuimos los que lo contratamos o los que votamos por él.

Si despedir justificadamente a un empleado inepto es difícil, destituir a un gobernante inepto o irracional es algo más que imposible. Los juicios políticos, y no se diga la organización de una complicada y costosa revocación de mandato, requieren del apoyo de los poderes Legislativo y Judicial, poderes cada vez menos independientes, y en los que interviene y maniobra el propio gobernante a quien se pretende llamar a cuentas.

Leyendo acerca de personas ineptas e irracionales, entendí lo que en la psicología llaman "sesgo cognitivo" (o efecto Dunning-Kruger), el cual cae como anillo al dedo en el caso del presidente López Obrador. Este efecto psicológico se refiere a individuos incompetentes que sobreestiman su propia habilidad, son incapaces de reconocer la habilidad de otros y de reconocer su extrema insuficiencia.

En español coloquial, se refiere a los pendejos con iniciativa, es decir, las personas osadas que no saben que no saben.

Si estamos frente a un Presidente, cuyo procesamiento mental lo lleva a distorsiones, juicios inexactos e interpretaciones ilógicas de la información disponible, me pregunto ¿quién puede cuestionar su capacidad, llamarlo a cuentas, por inequívocas pruebas de ineptitud, irracionalidad, corrupción y en su caso ordenar su renuncia?

Para eso precisamente existe la separación de poderes, y los contrapesos de los organismos autónomos. Sin embargo, para que operen como debe ser, se requiere por un lado la voluntad política y honestidad intelectual de los jueces y magistrados y por otro de los diputados y senadores que nos representan. Son ellos los únicos con la capacidad y recursos necesarios para llevar a cabo juicios políticos, procesos de revocación de mandato bien organizados, o para simplemente exigir el cumplimiento de la ley y de las promesas hechas en campaña, y que fueron las razones para haber elegido al gobernante, las cuales en el caso del presidente de la República evidentemente no ha cumplido, además de violar abierta y sistemáticamente la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Al preguntarme quién puede llamar a cuentas al Presidente y en su caso destituirlo, caí en cuenta que la falla principal no es del Presidente, sino del Poder Legislativo y el Poder Judicial, que teniendo las facultades para ello, pecan de omisión, permitiéndole la comisión de toda clase de tropelías, ocasionar perjuicios no sólo económicos, sino además a la vida y salud de los mexicanos, como ha ocurrido con la destrucción del sistema de salud, el mal manejo de la pandemia y los cientos de miles de muertes que pudieron evitarse, así como la fallida política de "abrazos, no balazos". Si todo esto no es razón suficiente para llamarlo a cuentas, y para un despido justificado, entonces los ciudadanos estamos condenados a ser víctimas permanentes de la corrupción, el abuso de poder y la ineptitud.

En lo sucesivo debemos dirigir nuestros reclamos y exigencias, no al Presidente -quien ha demostrado ser un necio y un enfermo de poder con sesgos cognitivos, que juega con el país como un niño que atropella todo a su paso y diciendo: "Voy derecho y no me quito"-, sino a los jueces y magistrados que se hacen de la vista gorda, a los diputados y senadores que, por intereses personales y para protegerse a sí mismos, cambian de partido, traicionan principios o se venden al mejor postor. Son ellos, los integrantes del Poder Legislativo y Judicial, los que tienen la obligación, la responsabilidad y la facultad de llamar a cuentas al Presidente y a todo aquel que atente contra la democracia, contra el desarrollo armónico de la sociedad, o viole las leyes y el espíritu de la Constitución.


"El que manda no es el que está
en la silla, sino el que lo puso ahí".

Anónimo